El ciudadano de a pie está sometido a la constante presión tributaria que ejerce el Estado, con el fin de que pueda desempeñar sus funciones redistributivas en favor de un hipotético e irreal "interés general". Un concepto que, si bien parece atemperado bajo el discurso democrático, llevado hasta las últimas consecuencias desembocaría en el "todo por el pueblo" propio de los regímenes totalitarios.
Asistimos en la actualidad a la mayor operación de gasto público de la historia. Una política de despilfarro que tiene por objetivo auxiliar a determinados sectores de la economía, ya sean constructores, fabricantes de automóviles o banqueros. Así, el Gobierno de EEUU ha comprometido cerca del 60% de su PIB nacional en un amplio paquete de medidas para tratar de mantener a flote su deteriorado sistema financiero.
En el caso de España, ese porcentaje se eleva hasta el 30% del PIB, si añadimos el último plan aprobado por el Gobierno para intentar reactivar la economía. El caso de China también resulta paradigmático, ya que pretende inyectar, por el momento, casi 3 billones de dólares en 2009, que tendrán como destino un colosal proyecto de obras públicas y sociales.
Todo ello, insisto, bajo el pretexto de salvarnos de la recesión global y, por lo tanto, auxiliar a los ciudadanos y empresas de la crisis financiera y económica que se cierne sobre un creciente número de países. El Estado salvador reaparece en nuestras vidas para protegernos. Sin embargo, pese a que el ropaje haya cambiado, la esencia de este tipo de políticas estatales permanece invariable con el paso del tiempo. Los resultado serán, pues, igualmente nefastos.
El incremento del gasto público para animar el consumo y salvar a determinados sectores productivos no solucionará el problema. Tan sólo lo agravará. Y es que, ¿de dónde sacan los distintos gobiernos tal exhuberancia de recursos? Efectivamente, han acertado: el dinero del Estado procede única y exclusivamente de sus bolsillos.
Es decir, el Gobierno roba primero a los contribuyentes bajo el pretexto de poder ayudarles posteriormente. ¿Acaso no resulta contradictorio? ¿Es que los políticos gozan de un instinto divino para administrar mejor que usted el fruto de su trabajo? La cumbre de Washington supuso el pistoletazo de salida para poner en marcha toda una serie de políticas coordinadas basadas en la expansión del gasto público.
Hasta cierto punto, el Estado se ha lanzado a sustituir las funciones que únicamente pueden ser desempeñadas por el mercado (interacción social entre individuos). Los bancos centrales y los departamentos del Tesoro se han convertido, prácticamente, en los únicos prestamistas existentes a los que acuden los bancos comerciales. Asimismo, el Gobierno pretende crear puestos de trabajo mediante la licitación de obra pública, la concesión de avales, créditos blandos o subvenciones a la industria del automóvil, el sector inmobiliario o el sector energético (renovables), entre muchos otros.
Y todo ello, haciendo uso del dinero presente (impuestos) o futuro (deuda pública) de los ciudadanos. ¿Todavía no se han percatado de la factura? En el caso de España, la política tributaria se come casi el 40% de los ingresos que generan los trabajadores. La presión fiscal ascendió hasta el 37,2% del PIB nacional en 2007 (por encima de la media de las 30 economías más desarrolladas del plantea), es decir, casi 400.000 millones de euros.
En el caso de las empresas el robo es, si cabe, mayor. Las compañías españolas destinan el 60,2% de sus beneficios a cumplir con el fisco. España ocupa el tercer puesto en el ranking de carga fiscal en este ámbito de los países industrializados, según un reciente estudio del Banco Mundial elaborado en colaboración con PricewaterhouseCoopers.
Con este nivel de presión tributaria, el contribuyente medio dedica entre cuatro y cinco meses a trabajar en exclusiva para Hacienda. Y es que, los servicios sociales no son gratuitos, pese a la opinión general. Los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales ascenderán a algo más de 104.000 millones de euros en 2008; los del IRPF sumaron 72.000 millones en 2007, los del Impuesto de Sociedades casi 49.000, y el conjunto de impuestos indirectos supuso unos 79.000 millones de euros.
Una ingente cantidad de dinero que es gestionado en exclusiva por la Administración Pública, previa recaudación fiscal y bajo la amenaza de multa, sanción e, incluso, cárcel. Sin embargo, pese a la crisis económica ningún partido político ha abogado por una bajada general de impuestos que sea drástica y sustancial. La falta de liquidez, la carencia de ahorro y las crecientes deudas llenan cada día las portadas de todos los medios de comunicación. Sin embargo, pese a las graves dificultades económicas ningún político está dispuesto a aliviar la pesada carga fiscal que pesa sobre las espaldas de los contribuyentes.
¿Falta liquidez? Tan sólo habría que reducir los impuestos a la mitad, con la consiguiente restricción del gasto público, para que la liberación de recursos disponibles comience de inmediato a surtir efecto. Por desgracia, y puesto que subir los tributos en período de crisis está muy mal visto entre los votantes, el Gobierno se encargará de pasar la abultada factura del rescate económico a nuestros hijos e, incluso, nietos. ¡Valiente ayuda la que nos presta el Estado! Tan sólo conservo la esperanza de que en algún momento alguien se sume al grito de "con mis impuestos, ¡no!".
Manuel Llamas es miembro del Instituto Juan de Mariana y jefe de Economía de Libertad Digital.
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